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domingo, 24 de enero de 2010
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viernes, 15 de enero de 2010
martes, 5 de enero de 2010
Fraude de ley en la designación de la Defensora de los Habitantes
Fraude de ley en la designación de la Defensora de los Habitantes
Piden a la Sala Cuarta anular el nombramiento de Mosha Taitelbaum
Por violación al artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, fue presentado un recurso de amparo por la elección de la ex legisladora gobiernista Mosha “Ofelia” Taitelbaum como regente de la Defensoría de los Habitantes de la República.
El recurso fue interpuesto por la ex aspirante a ese cargo, Ana Margarita Araujo Gallegos, y por el abogado Gerardo Trejos Salas, quienes reclaman que toda persona es igual “ante la ley”, por lo que solicitan a la Sala Constitucional declarar nula la designación, por parte de 33 diputados afines al Gobierno.
El siguiente es el texto del recurso, divulgado inicialmente por la página Tribuna Democrática, especializada en artículos de opinión:
“Que Sicilia no esté sometida a los déspotas, como ninguna otra ciudad (este es al menos mi consejo), sino a las leyes”. Platón, Carta VII
Presentamos recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por violación del artículo 33 de la Constitución Política, donde se declara que toda persona es igual “ante la ley” en relación con el artículo 20 del título preliminar del Código Civil.
Hechos y consideraciones
Los concursos por antecedentes y oposición son procedimientos utilizados para la designación de determinadas posiciones, en el sector público o en el privado, mediante los que se determina el perfil del o de la profesional que va a desempeñar el puesto de que se trata, se fijan ciertos requisitos formales de participación, puntajes y calificación de oferentes debiendo éstos aportar, con una declaración jurada, la documentación respaldatoria pertinente.
Se supone, asimismo, que en el procedimiento imperará el principio de igualdad consagrado por la Constitución Política y que los concursantes serán calificados conforme a las reglas establecidas, con transparencia y objetividad.
En ese entendido, un grupo muy importante de postulantes, de la más alta valía, aceptó la invitación realizada por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea legislativa y decidió participar en el proceso de elección del Defensor de los Habitantes.
Sin embargo, al concluir el procedimiento quedaron de manifiesto fraudes procesales en la elección y flagrante violación al principio de igualdad. Nuestro recurso pretende demostrar que el procedimiento seguido para su designación, en sí mismo, formó parte de una maniobra procesal idónea desplegada en la Asamblea Legislativa, mediante la que se engañó a los otros postulantes en el concurso, haciéndoles creer que iban a participar en igualdad de condiciones los unos con los otros, y que sus ofertas, atestados, entrevistas y demás requisitos iba a ser calificados de forma imparcial, clara y objetiva por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea legislativa, dándoles con ello, una oportunidad real de poder, efectivamente, acceder al puesto que se estaba concursando.
A juicio nuestro en ese concurso, no imperó la seguridad jurídica para todos los concursantes. El procedimiento se abrió con el único objetivo de dar visos de legalidad a un nombramiento que ya estaba decidido y acordado de previo, antes que fuera ejecutado. (Fraude a la ley).
Tanto en la segunda como en la tercera legislatura de la presente administración, la ahora Defensora postuló su nombre como candidata a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. En ambas oportunidades, tras intensas negociaciones, aceptó renunciar a sus aspiraciones consolidando con ello las aspiraciones del Dr. Francisco Antonio Pacheco, político avezado en el campo, que conoce que en esa vieja profesión “nada nunca es por nada”. De ahí que hay quienes afirman que antes que el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez ungiera a la actual Defensora como su candidata para la Defensoría de los Habitantes, ya otro Presidente había negociado ese puesto con ella. A partir de ese momento, todo fue ejecutar las maniobras que objetivamente se debían producir para alcanzar el resultado buscado, es decir, llenar formas y procedimientos, utilizar unos cuantos ingenuos que pensaron que el concurso era de verdad y que con su participación en el mismo dieron visos de legalidad a la acción, consolidar unas cuantas alianzas adicionales minoritarias y ejecutar la designación.
Como bien ha expresado el Dr. Fernando Duran Ayanegui (La Nación, 3 de enero del 2010): “Si era necesario medir el grado de arrogancia que ha alcanzado el ejercicio del poder en nuestra Republica, la elección de la defensora de los habitantes fue más que oportuna. Sabemos bien que el resultado final no se originó en la evaluación de meritos personales ni en consideraciones sobre el interés colectivo sino, simplemente, en la necesidad de satisfacer un capricho palaciego que la misma doña Ofelia Taitelbaum reveló con pelos y señales. Como ocurría en la corte de Ivan Grozny, solo que en nuestro caso lo que podría ser terrible termina siendo risible”.
Como justamente ha expresado el profesor Edgardo Moreno (La Nación, 3 de enero del 2010): “La dignidad, la ética, y la prudencia son los recursos principales para mantener el prestigio con el que todos los seres humanos nacen, sin importar su origen. La sabiduría de saberse inferior y la cortesía de dar el paso, ayudan a mantener la buena reputación y son el camino más certero para lograr el respeto de las personas y el poder real. Un Ombudsman sin prestigio, no es más que un actor, un bufón que con su traje de arlequín pretende convencer a un rey que su pueblo merece atención. Un Ombudsman sin prestigio es simplemente incapaz de enfrentarse con la razón a un gobierno que esté equivocado”.
Derecho
En esa designación se presentan los elementos característicos de la estafa o fraude procesal.
1º Como requisito esencial, existe un engaño, un ardid, un astuto despliegue de medios engañosos que hizo que los múltiples destinatarios del mismo, profesionales distinguidos que participaron en el concurso de antecedentes, aceptaran hacerlo pensando que en igualdad de condiciones iban a ser calificados con objetividad y transparencia y que iban a tener oportunidad de ser designados en el cargo ofertado.
2º El ardid, el engaño, produjo los efectos deseados por quienes lo perpetraron (legalizar el procedimiento de nombramiento de nuevo Defensor de los Habitantes), mismo que culminó con la designación realizada por el Plenario de la Asamblea Legislativa.
3º Los oferentes no fueron calificados de forma objetiva en la Comisión de Nombramientos, nunca se dieron a conocer los criterios de evaluación del ensayo y la entrevista. Consta en actas calificaciones de cero a varios de los participantes sin fundamentación alguna.
Lo acaecido es sumamente grave, situaciones como la descrita lesionan la democracia, minan la fe en la política y violentan los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico como lo probamos seguidamente.
El artículo 20 [del Código Civil] establece con carácter general los requisitos necesarios para que un acto pueda ser considerado como ejecutado en fraude de ley, que es una violación de una norma imperativa también, pero realizada de una forma oblicua o indirecta.
Los actos deben realizarse al amparo del texto de una norma que aparentemente los acoja, en este caso la norma de la ley de creación de la Defensoría de la Republica que faculta a la Asamblea Legislativa, mediante mayoría absoluta de los diputados presentes, [a designar] al titular de la Defensoría (artículo 3 de la Ley de la Defensoría de los habitantes de la República) aunque no hay ninguna dificultad en que en lugar de una pluralidad de actos se trate de un único acto. La norma en cuestión, llamada también ley de cobertura, tiene una finalidad, que aparentemente es la que persigue el que ejecuta el acto. Se dice aparentemente porque una de las características de la figura en examen es la coincidencia externa entre el supuesto de hecho que después resulta fraudulento y el de la norma en la que se busca amparo.
Ha de perseguirse un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él (en la ocurrencia la violación del principio constitucional de igualdad ante la ley), pero a continuación, después de considerar fraudulentos a los actos, se señala la consecuencia jurídica: “no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir”. Existe una contradicción pues una cosa es el resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a el en bloque, lo que podría ocurrir sin ley imperativa concreta por pura contradicción con los principios generales del Derecho, que forman indudablemente parte del ordenamiento jurídico, pueden estigmatizar como fraudulento un acto si contraviene a los mismos.
En el derecho comparado y en la legislación costarricense existen normas y jurisprudencia abundante que sancionan los actos realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él. Véase al respecto, y en lo que concierne al derecho costarricense, el libro de Gerardo Parajeles El fraude de ley, Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica.
Como bien saben los señores Magistrados, en el vocabulario jurídico la palabra ley tiene varios significados. En el más amplio sentido —del que prescindimos aquí— se designa con esa palabra toda norma jurídica, expresándose con ella el concepto genérico de Derecho. En un sentido restringido, ley equivale a toda norma jurídica emanada del Estado. Tal significado es común en el derecho positivo; puede hallarse, por ejemplo en el artículo 33 de la Constitución Política donde se declara que toda persona es igual ante la ley. No cabe duda de que, con el nombre de ley, debe entenderse cualquier regla general, bien sea que provenga de una ley por la forma o de un reglamento administrativo (Carre De Malberg, R., Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, pag. 273).
Por consiguiente, el artículo 20 del Código Civil que regula los actos ejecutados en fraude de la ley y sus consecuencias se refieren a la Constitución Política y a los reglamentos administrativos, y a toda norma general (como las disposiciones que regulan el procedimiento para la elección del titular de la Defensoría de los Habitantes de la Republica).
Así las cosas, es evidente que la Asamblea Legislativa*, en los procedimientos utilizados para la última elección de la Defensora, violó el artículo 33 de la Constitución Política*, en razón de que designó para ese cargo a una persona que se encontraba en una situación ventajosa respecto a los demás postulantes por el solo hecho de ser miembro de la Asamblea Legislativa, aun cuando no hubiera participado en la votación.
De lo dicho se desprende que en el fraude a la ley concurre siempre un acto que se acoge a la protección de una norma que está dada para un determinada finalidad y que el autor de aquel pone al servicio de otra diferente, evitando así la aplicación de la norma defraudada que, bien por interpretación conjunta y sistemática con otros preceptos del ordenamiento o por su extensión a aquel supuesto por fuerza de la analogía (legis o iuris), ha de regir. La peculiaridad de la figura reside en la cobertura legal del acto que hay que destruir.
El fraude a la ley no requiere en modo alguno una intención dirigida a tal fin, que sería muy difícil probarla cumplidamente porque el fin último de la doctrina del fraude es la defensa del cumplimiento de las leyes, no la represión del concierto o intención maliciosa.
Pruebas
Actas públicas de la Comisión de Nombramiento último del Defensor de los Habitantes de la Asamblea Legislativa y calificaciones de los respectivos candidatos junto con las normas que se utilizaron para dicha designación y, muy especialmente, el Acta Nº 1487, (Sesión Nº 23, del 22 de octubre de 2009).
Declaraciones ante los medios de comunicación colectiva, de los mismos diputados de la Asamblea Legislativa y de la señora Taitelbaum.
Petitoria
1. Solicitamos declarar la nulidad del nombramiento del Defensor de la República recaído en la ex diputada Ofelia Taitelbaum por violación del artículo 33 de la Constitución Política en relación con el artículo 20 del Título Preliminar del Código Civil.
2. Ordenar a la Asamblea Legislativa, la celebración de un nuevo concurso para ocupar el cargo de Defensor de los Habitantes de la República.
3. Ordenar a la Asamblea Legislativa la cancelación a la señora Defensora de los derechos que como funcionaria de hecho le corresponden.
[¡AMEN!]
(*) Gerardo Trejos es Abogado-empresario, y Ana Margarita Araujo Gallegos, ex postulante al cargo de Defensor de los Habitantes y perjudicada directa.
sábado, 19 de diciembre de 2009
EXAMEN DE BACHILLERATO EN COSTA RICA
De hecho, este es el año donde más estudiantes superaron las pruebas desde 1996: las materias con mejores resultados fueron las de cívica, francés y estudios sociales.
Sin embargo, la materia que sigue dando más dolores de cabeza es matemática, seguido de química e inglés.
El MEP además presentó a los estudiantes que sacaron las mejores notas, entre ellos está Cristina Víquez del Colegio Científico de Alajuela.
Superado el susto del examen, el siguiente temor a vencer de miles de jóvenes es conocer el resultado que por suerte año con año resulta más agradable para la mayoría.
Este año 34.025 estudiantes hicieron las pruebas, de ellos 23.296 las ganaron, es decir un 68,47 %, casi 7 de cada 10 alumnos.
Así las cosas, entre las materias más difíciles sigue encabezada por matemática, superada por el 81.75% de los estudiantes, seguida de química con el 85,25% e inglés con el 86,84%.
Por el contrario, las materias más aprobadas son cívica, francés y estudios sociales: a pesar de que las matemáticas sigue siendo la prueba que más estudiantes deja en el camino, cada año más estudiantes la pasan.
Pero siempre hay estudiantes que sorprenden como por ejemplo Cristina, quien obtuvo uno de los mejores promedios del país.
La educación es la base de todo
El tema educativo es uno en el que el Estado debe cumplir con su responsabilidad, pero el sector privado está convencido de que con una participación mancomunada se lograrían importantes avances
Por: Xabier Coscojuela
Fotografías: Gabriel Osorio
La educación es la clave para la superación personal. A su vez, una población con altos niveles educativos es la piedra angular para poder alcanzar el ansiado desarrollo económico de cualquier país.
En este aspecto hay consenso en Venezuela. Sin embargo la calidad de los estudios que se imparten en el país no es la más adecuada en muchos casos. La exclusión, la deserción y la repitencia son aspectos a superar.
Todos los sectores, independientemente de su posición política, dan alta valoración al tema educativo. Los encuestadores señalan que todos los venezolanos, de cualquier clase social, ven en una buena educación la mejor herramienta para lograr una mejor calidad de vida. El sector empresarial privado está consciente de esta realidad, y por eso parte importante de sus acciones de responsabilidad social tienen a la educación como foco. Sin embargo, también están claros en que la mayor responsabilidad en la materia es del Estado.
Los datos sobre la pobreza en Venezuela están en el centro del debate político. Recientemente se publicó el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas, según el cual el país avanzó cuatro peldaños en el escalafón mundial. Este progreso es tomando en cuenta indicadores del año 1997. Elías Eljuri, director del Instituto Nacional de Estadística, asegura que el avance tiene que ver con mejoras en la educación pues “la matrícula combinada pasó del 79,7% al 85,6%, es decir, que hubo una alza estructural”.
Otro dato que destaca Eljuri es que Venezuela es el país con la menor desigualdad de ingresos de América Latina, tomando en cuenta para ello el coeficiente Gini, según el cual es país “alcanzó 0,409, es decir, que es el índice más bajo de América Latina, porque los otros países que tienen una desigualdad baja son Costa Rica y Uruguay. Chile, por ejemplo que tiene una pobreza extrema parecida a la de Venezuela tiene un coeficiente Gini de 0,52, es decir, de 0,10 por encima”.
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Según estudios realizados durante el año 2008, 87% de los jóvenes entre 16 y 18 años de los sectores económicos medios y altos, asisten con regularidad a un centro educativo, pero cuando se trata de los estratos pobres ese indicador se ubica en 54%. Fotografía: Gabriel Osorio |
Según datos de Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, 90% de las personas del estrato E tienen celular, televisión, nevera y cocina, pero menos de 10% logra que sus hijos culminen la educación secundaria. Asegura que el incremento de ingresos no logró cambiar su situación de pobreza. Son pobres pero consumen un poco más que antes, acotó.
El mejor antídoto
La pobreza es el principal problema del país y la educación es el mejor antídoto para combatirla, por lo que la empresa puede aportar para solventar dicha situación social “diseñando, ejecutando, acompañando y/o financiando proyectos educativos y de capacitación laboral, vinculados con sus empleados y las familias, con sus proveedores, con las comunidades vecinas, etc.”, explica Charo Méndez, socióloga y experta en responsabilidad social.
Una política de ese tipo tiene un gran impacto, tanto en los empleados como en la sociedad en su conjunto y trae como consecuencia inmediata, para la empresa, “mejorar las condiciones de empleabilidad de sus obreros efectivamente mediante formación, educación y actualización. Puede potenciar las condiciones profesionales de sus empleados. Puede acompañar y apoyar la educación de los hijos y familiares. Puede apostar por mejorar los niveles de emprendimiento. Puede incluso preparar a los empleados para el momento del retiro de la empresa”.
No tiene dudas en que destinar recursos a la educación de la población genera amplios beneficios para el país, pues “invertir en educación y capacitación es invertir en condiciones de empleabilidad y emprendimiento, y ello está relacionado con la generación de riqueza y en consecuencia con la economía del país; aunque no es la única variable de importancia para potenciar la economía de un país”.
Contar con empleados más capacitados significa mayor productividad y ventajas a la hora de competir en el mercado. “La empresa cuenta con nuevas destrezas y habilidades que requiere para su actividad productiva, para generar innovación, para competir. También esa apuesta genera en los empleados mayor sentido de pertenencia a la empresa”, precisa Méndez.
Los beneficios que para la empresa y la sociedad trae aportar en la educación de las comunidades son varios. “A la empresa le puede generar aceptación de su entorno, reputación pública, reconocimiento social e incluso mayor y mejor oferta de personas empleables en su entorno inmediato. A la sociedad, las condiciones de empleabilidad y emprendimiento económico que se generen en las comunidades, favorecen la inclusión económica y social, y apuestan por una mayor equidad”, enumera Méndez.
La educación es un área donde muchas empresas privadas con actividades de RSE ponen el foco. Las razones para ello son diversas, señala Méndez, agregando que es el sector que más atención recibe desde el mundo empresarial privado. “El área de inversión social de mayor preferencia para el sector empresarial ha sido tradicionalmente la educación, por razones que van desde la necesidad de formación de recursos humanos para el negocio, lograr más reconocimiento social en una actividad incuestionable para la sociedad, mostrar que es una inversión en las condiciones de desarrollo y en la causalidad de la pobreza y no un gasto de carácter asistencial, hasta por razones ideológicas vinculadas con la aceptación del sistema económico y la actividad privada” .
A pesar de la contribución privada en educación, la situación del sector es preocupante. Los indicadores de calidad no sitúan al país en los mejores niveles, a lo que se suma índices alarmantes de deserción o no inclusión en el sistema. Méndez tiene claro que el panorama no es alentador.
“En materia de impacto es muy difícil que la empresa privada pueda lograr una contribución suficiente, un programa de apoyo a la gestión escolar o a la mejora de la infraestructura educativa puede alcanzar una cifra de 250 escuelas en el país, sin embargo existen unos 20 mil planteles públicos y privados en Venezuela. Cifras alarmantes de no escolarización de preescolares, de deserción y de falta de aulas de bachillerato no pueden ser cambiadas por el aporte privado en educación”, estima Méndez.
Cree que para “lograr algún impacto, el sector privado tendría que trabajar en conjunto en función de un programa único de inversión, o trabajar en alianza con el sector público. El sector privado venezolano es bastante pequeño con relación al Estado actualmente, y no ha sido convocado por las autoridades para trabajar en conjunto en las épocas recientes. Lo que puede realizar como inversión educativa es la apuesta a modelos de gestión eficiente e innovadora que prueben que la calidad educativa es necesaria generando nuevas acciones que se puedan convertir en políticas públicas como fue el caso de la educación preescolar, la educación especial, las modalidades de educación laboral, entre otras”.
Consultada sobre si la empresa privada ha educado en valores y en ética a sus trabajadores y si tiene sentido hacerlo, Méndez señala que “hay experiencias venezolanas de inversión empresarial en esos temas; en esos casos la apuesta de las empresas no es al empleo y el emprendimiento, sino más bien la generación de capital social, solidaridad, tolerancia, transparencia, ciudadanía y derechos humanos. Tiene sentido porque la convivencia y vida en sociedad no depende exclusivamente de la generación de ingresos y de riqueza”.
En el foco
“Las empresas están viendo la educación como una manera de intervención muy global en el ser humano. Desde lo espiritual hasta la adquisición de habilidades tecnológicas. Además que entienden que cada uno de los que estamos dentro de ellas debemos ser formadores, creando el ambiente propicio para que a través de cada tarea haya un proceso de aprendizaje. Posteriormente ven la necesidad de formar a los familiares, a través de cursos y talleres para que adquieran capacidades y pueden afrontar algún emprendimiento que les permita mejorar sus ingresos y su calidad de vida”, explica Alicia Pimentel, presidenta de la Fundación Polar.
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| Alicia Pimentel, presidenta de la Fundación Polar. Fotografía: Thor Hué Trotta. |
Por otra parte asegura que tiene mucho sentido dar formación en valores y en ética. “Cuando entras a una organización te casas de alguna manera con ella. Tienes dos actores que están aceptando que hay unos marcos de referencia sobre los que vamos a trabajar, que son la ética y los valores. El trabajador Polar tiene un perfil y la empresa se propone desarrollarlo. Tener un carnet Polar es importante y si te accidentas en un camino apartado ese trabajador Polar se para y no se queda tranquilo hasta que te ayuda a resolverlo. En la organización se crean espacios donde el principal actor es el supervisor, y tiene en su mente que en todo lo que se hace hay un proceso de aprendizaje”.
Empresas Polar genera 32.000 empleos directos y más de 250.000 indirectos, y está buscando formas novedosas de atender a su público, afirma Pimentel, quien señala que en el ámbito educativo “es un proceso que debemos transmitir a todo los públicos con los que interactuamos, incluso desde el producto donde indicamos la mejor forma de su consumo. Eso es formación, y debe estar inserto en toda la cadena de valor”.
Hay que reflexionar
Pimentel hace un breve y conciso repaso sobre la actividad de RSE en el país y cree necesaria una autocrítica, ante la realidad social de Venezuela. Observa un despertar en la necesidad de darle mayor foco a la contribución en educación. También ve como positivo que las empresas estén más preocupadas en lograr el mayor rendimiento en sus contribuciones de RSE.
La labor de muchas de estas fundaciones nadie la cuestionaba “porque estábamos haciendo el bien. Pero qué dejamos de hacer. Tenemos que pasar por un proceso de revisión, reflexión, evaluación. Qué estamos dejando de hacer. Por qué se mantienen unos indicadores de pobreza tan grandes”, dice Pimentel. Sin embargo es optimista en cuanto a que las organizaciones dedicadas a tareas sociales van a ser más efectivas.
La experiencia que han acumulado les dice que es importante hacer estudios que digan cuáles son los indicadores sociales de la zona donde actúan. Han seleccionado un grupo de escuelas, todas ellas públicas, para construir en ellas el modelo del programa de las Naciones Unidas. “Ahora hacemos estudios demográficos, con propuesta base y cuanto queremos modificar esa línea base y a donde queremos llegar. Índices de deserción, repitencia. Tenemos construidos una batería de elementos que nos permiten saber dónde estamos ahora y cómo producir un cambio en esas cifras para llegar a donde queremos llegar”, explica Pimentel, quien precisa que “sin embargo, estoy muy clara que la educación es una responsabilidad del Estado”.
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